Es necesario brindar desde el Estado, un marco de apoyo y protección a las personas que, sin estar obligadas a ello, intervienen arriesgando su integridad física en la detención del delincuente, sin excederse en el uso de la fuerza y entregando inmediatamente el detenido a la autoridad judicial o policial.

“Dicha protección se extenderá en caso de necesidad a su grupo familiar directo, entendiéndose por tal a su cónyuge, pareja, hijos y otras personas con los que tenga convivencia y a quienes por su relación inmediata así lo requieran”, explicó Ghione.

El presente proyecto viene a atender una realidad que no para de sorprendernos: Se han conocido por los medios de comunicación, en promedio un arresto ciudadano por semana.

Esto no sólo habla a las claras del incremento del delito callejero, sino también del hartazgo del ciudadano común y de la insuficiente labor en materia de seguridad.

Por eso, el objetivo es que si ocurre una detención practicada por un particular, éste deba entregar inmediatamente el detenido a la autoridad policial y pueda solicitar de manera voluntaria ser incorporado al programa de protección de víctimas y testigos.