Ante los dramáticos hechos de violencia de género ocurridos en estas últimas semanas en la provincia, en los que tres mujeres han sido quemadas brutalmente por sus propias parejas, y la trágica noticia de la muerte de una de ellas, Carmen García de 27 años y madre de 5 hijos, a causa de las graves heridas que le provocó su pareja, volvió a quedar en foco el proyecto, aún no tratado, de resarcir a los hijos de las víctimas, que está en el Parlamento santafesino. Su autora, Alicia Gutiérrez, diputada provincial por el Partido SI en el Frente Progresista, advierte que en cada femicidio cometido “queda una gran cantidad de niños indefensos”.

Tomando como base femicidios acontecidos en forma permanente en territorio provincial, se presentó un proyecto de ley que instituye la “pensión para hijos e hijas de personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia de género”. El mencionado proyecto se encuentra en tratamiento y tiene por finalidad que el Estado provincial se haga cargo de reparar a los hijos de las víctimas de femicidio y asuma la responsabilidad ante estos niños.

“En cada femicidio hay una cantidad importante de niñas y niños que quedan indefensos. Imaginemos la situación de que quedan sin su madre, y por otro lado, su padre es detenido por el homicidio de su madre; con lo cual esos niños, en el mejor de los casos, quedan a cargo de abuelos o tíos. Pero en la circunstancia en la que sea que quedan, peligra su futuro”, recalcó la legisladora.

La diputada del SI –fuerza que proviene del ARI, del que se separó por disidencias irreconciliables con su jefa, la diputada Elisa Carrió– explica que en la mayoría de los casos estos chicos no tienen posibilidades de desarrollarse como otros niños, ya que sufrieron situaciones de grave violencia que les dejaron secuelas psicológicas, y por eso es necesario que reciban un tratamiento adecuado.

“Estamos preocupados. Estos temas se tienen que poner en debate en la Legislatura y si los montos que estamos pidiendo no son posibles, que se les permita a los chicos que puedan concurrir a al escuela y cubrir sus necesidades básicas. Todavía no fue tratado en ninguna comisión. Tenemos que seguir apostando a los cambios culturales, a erradicar el machismo, a no cosificar a la mujer, a trabajar para poner en pie de igualdad los derechos y que los hombres no tomen a las mujeres como una «propiedad». Para cambiarlo hay que empezar desde la niñez, desde la escuela”, sostuvo Gutiérrez.

Para recibir las prestaciones el texto del proyecto establece que deberá haber recaído auto de procesamiento respecto del imputado como victimario de la persona fallecida. Y en ningún caso –por lógica– el victimario podrá llegar a constituirse en administrador de la prestación, es decir que padre que asesinó no puede tener injerencia alguna en la pensión para sus hijos.

Serían beneficiarios –si cabe el término– de la ley los hijos e hijas de las personas fallecidas como consecuencia de un hecho de violencia de género. No es universal, sino con ciertas restricciones: una es que las víctimas deberían haber residido en territorio provincial al menos dos años antes de su deceso.

La prestación a que tendrán derecho de aprobarse la normativa sería una pensión mensual de monto equivalente a la jubilación mínima que abona la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Pero la iniciativa asigna otro monto en caso de tratarse de personas una incapacidad psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada.

“Vemos la necesidad de transformar un Estado que responde a una concepción conservadora como lo es el patriarcado. Dicho modelo no sólo le hace daño a las mujeres sino también a los varones y a toda la diversidad en general como también a las minorías”, marcó Gutiérrez.

“Estos niños y niñas, hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia de género padecen un impacto altamente traumático en sus vidas. Desde los poderes del Estado se debe garantizar y arbitrar los medios necesarios para que puedan concluir sus estudios, así como acceder a atención médica y psicológica”, concluyó la diputada.

El Ciudadano