El gobierno provincial, a través de Fiscalía de Estado, interpuso un recurso de apelación y conjunta nulidad contra la resolución que ordena la suspensión cautelar de la aplicación de abortos no punibles, en supuestos casos de violación o atentado al pudor.

El recurso planteado argumenta que “la resolución impugnada no cuenta con una adecuada fundamentación, afirmación que se sustenta con inexistentes o escasos argumentos”.

Al mismo tiempo, afirmaron que “la resolución se aparta de los criterios sentados por el Máximo Tribunal, desconociendo la doctrina sentada incluso recientemente sobre el punto”.

“Si concurren las circunstancias que permiten la interrupción del embarazo, es la embarazada la que solicita la práctica, junto con el profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado a pedido del médico”, dice la resolución.

El Ciudadano