Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley que busca facilitar la intervención policial cuando un celular robado es localizado mediante geolocalización y, al mismo tiempo, dificultar la comercialización de dispositivos de origen ilícito.

La iniciativa, denominada Ley de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, fue impulsada por el senador provincial Ciro Seisas, presidente de la Comisión de Seguridad.

“Hoy pasa que la víctima rastrea su celular, sabe dónde está, llama a la policía y no pueden actuar porque no hay un marco legal claro. Esto lo resuelve”, sostuvo el legislador al explicar los alcances de la propuesta.

Según las cifras difundidas por Seisas, en Rosario se roban aproximadamente 200 celulares por día y entre el 70% y el 80% de los casos no se denuncia.

Geolocalización y control de la compraventa

El proyecto plantea dos ejes principales. El primero apunta a facilitar la actuación policial cuando la víctima puede localizar su dispositivo. Para ello, propone incorporar la geolocalización como supuesto de flagrancia, con el objetivo de permitir una intervención inmediata en las condiciones que establezca la ley.

El segundo eje busca intervenir sobre el circuito de comercialización de los teléfonos robados. La iniciativa contempla la creación de un Registro Provincial obligatorio para los comercios que compren, vendan o reparen celulares usados.

De aprobarse, las operaciones deberán incluir el registro del número IMEI del dispositivo y los datos de quien lo vende. El incumplimiento de las obligaciones previstas podría derivar en inspecciones, inmovilización de equipos y clausuras, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la norma.

“El robo de celulares dejó de ser un delito aislado. Hay una cadena entera detrás: negocios, talleres, revendedores que viven de eso. Si no hay dónde vender lo que se roba, el delito pierde buena parte de su incentivo”, afirmó Seisas.

La propuesta también incorpora modificaciones al Código de Faltas y establece mecanismos de cooperación con el Ministerio Público de la Acusación y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).