La abogada y vecina de la localidad, Mariela Capilla, aseguró que los radares ubicados sobre la ruta nacional 34, sobre la traza vial dentro de la jurisdicción comunal de Ybarlucea, carecen de autorización por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), situación que, según sostuvo, pone en duda la legalidad de las multas emitidas mediante esos dispositivos.

La información surgió a partir de un pedido formal realizado a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD), amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública. Según explicó Capilla a El Urbano Digital, la respuesta oficial llegó mediante un expediente administrativo firmado por autoridades de la ANSV.

“Hemos solicitado información a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y nos informaron que la comuna de Ybarlucea no tiene radares autorizados por parte de ese organismo. Por lo tanto, entiendo que son ilegales”, sostuvo la profesional.

Ante esta situación, la letrada adelantó que junto a otros vecinos presentarán un escrito ante la comuna para solicitar explicaciones sobre quién autorizó la instalación de los equipos, quién realiza su mantenimiento y cuál es el destino de los fondos recaudados por las multas.

Capilla también cuestionó la falta de información pública por parte de la administración local. Según señaló, existen reiterados pedidos de acceso a datos vinculados a la gestión comunal que no han recibido respuestas satisfactorias.

“No sabemos la cantidad de empleados públicos que tiene la comuna, desconocemos cuáles son los salarios y tampoco se presentan los balances. Hemos iniciado varios expedientes administrativos para solicitar esa documentación y no obtenemos respuestas claras”, afirmó.

Respecto de los conductores que ya abonaron multas labradas por los radares, consideró que podrían existir fundamentos para reclamar la devolución del dinero percibido. “Entiendo que debería reembolsarse lo cobrado ilegítimamente, aunque primero la comuna debe explicar quién autorizó esos dispositivos”, expresó.

En tanto, para quienes poseen infracciones pendientes, recomendó realizar presentaciones formales cuestionando la validez de las actas hasta tanto se esclarezca la situación administrativa de los controles.

Las críticas de la abogada también alcanzaron otros temas vinculados al desarrollo urbano de la localidad. En ese sentido, mencionó cuestionamientos sobre loteos impulsados la firma Grupo Roma, entre ellos los barrios Naranjos I, Naranjos II y Madero, que, según denunció, habrían obtenido autorizaciones sin contar con todas las habilitaciones ambientales e hídricas correspondientes.