El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario condenó hoy a prisión perpetua a los tres imputados en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar en la ciudad bonaerense de San Nicolás.
Los condenados son el ex jefe del área Militar 212 en la última dictadura, el coronel Manuel Fernando Saint Amant; al segundo en esa dependencia, Antonio Federico Bossié, y al ex-alto oficial de la Policía Federal Jorge Muñoz.
El juicio oral, que se desarrolló a lo largo de seis meses y se concretó en sedes judiciales de Rosario y la ciudad de San Nicolás, juzgó la denominada “Masacre de la calle Juan B. Justo”, la desaparición de seis militantes de la JP-Montoneros y el secuestro y tormentos a una persona que había alquilado una casa a una pareja de militantes que fueron desaparecidos.
Saint Amant estaba acusado de ser autor mediato de los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y robo agravado. Bossie y Muñoz fueron condenados como coautores del delito de homicidio agravado.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 —Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe— dispusieron que los condenados cumplan la pena impuesta en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. Los fundamentos se darán a conocer el 1° de marzo próximo, a las 20.
En Paraná y Corrientes
El Tribunal Oral Federal de Paraná dará a conocer también hoy la sentencia contra los siete represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en las ciudades entrerrianas de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú antes y durante la dictadura cívico-militar.
El veredicto de la denominada megacausa Harguindeguy se leerá a partir de las 18, según confirmaron voceros tribunalicios.
El principal imputado en esta causa era el ex ministro del Interior, general de división Albano Harguindeguy, fallecido el 29 de octubre pasado a causa de una neumonía.
Los siete represores están imputados por las desapariciones forzadas de Sixto Francisco Zalasar, Julio Alberto Solaga, Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi, secuestrados entre mayo y noviembre de 1976, y por 30 casos de privaciones ilegítimas de la libertad y torturas cometidas en esas tres ciudades del oriente entrerriano. También están acusados de integrar una asociación ilícita en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos.
En tanto, en Corrientes, el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, integrado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, dará a conocer la sentencia en el juicio por el secuestro y desaparición del estudiante secundario Héctor "Pata" Acosta en 1976.
Sentado en el banquillo de los acusados solamente está el ex coronel Raúl Angel Portillo, que se desempeñaba como jefe del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres, cuando secuestraron al joven.
A Portillo se le imputó el haber integrado una asociación ilícita, constituida para perseguir y exterminar a opositores políticos mediante la privación ilegítima de la libertad agravada y la desaparición forzada de personas.
La Capital