"Después de años de lucha de los organismos de derechos humanos y de parte de la comunidad de Rosario y del cordón industrial, se logró conseguir una ley para expropiar esta quinta perteneciente a la familia Benzadón y convertirla en un sitio de memoria", recordó la legisladora kirchnerista.
"A riesgo de quedar sin margen para hacerlo realidad por los plazos, el gobierno provincial decidió aceptar que la familia donara una parte más chica en vez de proceder conforme a la ley sancionada, quedando pendiente aún la marcación del lugar", señaló.
La "Tana" González remarcó que por La Calamita -que funcionó como centro clandestino de detención en 1976 y 1977- "pasaron más de un centenar de hombres y mujeres que padecieron distintas torturas, violaciones, muchos fueron ejecutados, la muerte de algunos fueron comunicadas en enfrentamientos que jamás existieron y la mayoría fueron enterrados como NN o tirados sus cuerpos a ríos". Y añadió: "Es una de las muestras de que la última dictadura fue cívico militar ya que para funcionar necesitó de manos civiles que se ocuparon de alquilarlo y hacer los trámites para obtener los servicios, muchos de ellos utilizados también como instrumentos de torturas brutales".
"Es imperioso en este tiempo, en que se intentan forzar las leyes y la Constitución para conmutarle penas a personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad, que los dirigentes políticos y el Poder Ejecutivo nos comprometamos a no retroceder en este tema que tanto dolor y sufrimiento ha causado", subrayó la diputada por Santa Fe.
González repasó su historia familiar: "Conozco bien el funcionamiento de La Calamita, porque Díaz Bessone fue quien ordenó que allí trasladaran a mi mamá primero y luego a mis dos tíos. Fue allí donde recibieron torturas brutales, para luego ser ejecutados por más de una decena de tiros cada uno".
Rosario 12







