El proyecto de expropiación del predio que ocupa La Calamita, fue presentado en noviembre del año pasado por la diputada provincial Alicia Gutiérrez, y actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja.

La Calamita, ubicada en Eva Perón 1530 de Granadero Baigorria, es uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario.

En noviembre del año 2003, la Ley Provincial Nro 12.192 declaró “de interés general y sujeto a expropiación el inmueble "Quinta La Calamita", pero luego, al no iniciarse el juicio de expropiación dentro de los plazos estipulados por la Ley Provincial Nro 7534 (de Expropiación), quedó sin efecto la ejecución de la norma.

“Por esa razón, es que la diputada Gutiérrez presentó en noviembre del año pasado un nuevo proyecto de expropiación del sitio”, comentó el asesor legal del municipio de Granadero Baigorria, Estanislao López.

El letrado, junto a la coordinadora nacional de la Red Federal de Sitios de Memoria, Judith Said, el asesor de Proyectos Especiales del municipio, Humberto Cancela, integrantes de la OnG ´Documenta Baigorria´, el intendente local, Adrián Maglia, y las diputadas provinciales Alicia Gutiérrez y Erika Gonnet, y la directora Provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Dra. Nadia Schujman, se reunieron hoy en la Municipalidad local para avanza con fuerza en el pedido de expropiación del inmueble, que se encuentra frenado en la legislatura provincial.

La decisión se funda entre otros aspectos, a que hace algunas semanas “el municipio recibió una solicitud de informe del Juzgado Federal que investiga la causa de enterramiento clandestino, pidiendo saber si había alguna actividad en el predio La Calamita”, comentó el abogado.

Dijo que la municipalidad tomó conocimiento que el lugar “había sido usurpado por algunas personas en forma irregular”, pero como es un terreno privado “mucho no se podía hacer”, dijo López y añadió: “constatamos una actividad comercial (llenado de garrafas) tras lo cual se procedió a su clausura y se informó al Juzgado Federal”.

“Por eso, la reunión de hoy fue para informar además a todas las partes, que la idea nuestra es gestionar una reunión en el Juzgado Federal con los propietarios del terreno, para instarlos a que tomen medidas de seguridad que preserven el lugar”.

El abogado López, dijo por último que el proyecto presentado hace un año por la diputada Alicia Gutiérrez en la legislatura de Santa Fe “está en trámite y en la órbita de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y todavía no tuvo dictamen favorable”.

“La idea es exhortar a los diferentes representantes políticos de la Provincia, para que aceleren la salida del proyecto de la Comisión, lo vote Diputados y luego haga lo propio la Cámara de Senadores de la Provincia”.

Por su parte el asesor de Proyectos Especiales del municipio baigorrense, Humberto Cancela, dijo que lo que se acordó durante la reunión de hoy “es la reactivación del pedido de expropiación, para que no pierda estado parlamentario”.

Tras señalar que el Juzgado Federal Nro 4 de Rosario, dictó una medida cautelar de ´no innovar´, que impide que La Calamita “ no se pueda vender”, como tampoco que en su terreno se realicen “excavaciones o emprendimientos” , Cancela afirmó: “todos los lotes que rodean al terreno deben ser preservados, todavía no está el Juicio, y no se han hecho las excavaciones correspondientes. En ese sitio hubo más de 100 desaparecidos”, recordó.

El funcionario dijo que La Calamita tiene una superficie aproximada de 15 hectáreas, “pero lo que se quiere preservar realmente son cuatro hectáreas”, precisó.

La Calamita es una finca protegida por la Ley Nacional N° 26.691 -promulgada en julio de 2011- que declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención (CCD), tortura y exterminio o donde sucedieron hechos aberrantes del accionar de la represión ilegal desarrollada en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.

Esta ley garantiza la preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales.