El 7 de marzo de este año Alejandro Ramos fue convocado por el gobierno nacional para hacerse cargo de la secretaría de Transporte y para ello pidió licencia en su puesto de intendente de la localidad de Granadero Baigorria, asumiendo en su lugar el presidente del Concejo local Mario Rosales. A casi 8 meses de aquello, el concejal baigorriense Guillermo Da Ponte denuncia que el plazo de la licencia venció y que corresponde el llamado a elecciones para que la ciudadanía pueda volver a elegir a su máxima autoridad local. Además, reclama una inmediata intervención por parte del gobierno santafesino.

“Se está pidiendo que haya elecciones a intendente porque el día 7 de marzo Alejandro Ramos asumió como secretario de Transporte de la Nacióncon una licencia extraordinaria y hoy legalmente se le vencieron los plazos”, indicó Da Ponte en diálogo con El Ciudadano.

El concejal, que incluso tuvo que batallar durante seis meses enla Justiciapara acceder a la banca que quedó libre tras la asunción interina de Rosales, explicó que “la ley orgánica de municipios y comunas dice claramente que son 30 días los que puede ausentarse el intendente (ver aparte) y ya hace ocho meses que está ausente”.

“Ramos si quiere puede ser candidato a intendente (en una nueva elección), pero no puede venir y decir «yo soy el intendente»”, agregó. “Hoyla Municipalidadde Granadero Baigorria está acéfala”, abundó Da Ponte, quien no reconoce a Rosales como mandatario local.

El concejal pidió una rápida intervención por parte del gobierno de Santa Fe: “El que tiene que pedir elecciones es Antonio Bonfatti. El que se tiene que poner los pantalones y pedir elecciones es Bonfatti. Ahí debe haber algunos intereses políticos que no se anima a pedirlo”.

Para Da Ponte el gobierno santafesino tendría temor de sufrir, al intervenirla Municipalidadde Granadero Baigorria, algún tipo de represalias por parte de la secretaría de Transporte que encabeza Ramos, en lo que concierne al traspaso de recursos: “Hay intereses políticos, no sabés si no lo hace porque realmente tiene miedo de que le puedan cortar algún subsidio o algo por el estilo. Yo pienso que debe ser por eso porque si no ya debería haber salido (la intervención)”.

“Hay incompatibilidad entre los cargos”

El abogado Nicolás Mayoraz, que patrocina al concejal Guillermo Da Ponte, indicó que hay “incompatibilidad” entre el cargo que ejerce Alejandro Ramos en el ejecutivo nacional y el de intendente de Granadero Baigorria, para el cual cuenta con licencia. Además pidió que el gobierno de Santa Fe “intervenga” la municipalidad y se llame a elecciones.

“Ramos al haber asumido como funcionario del gobierno nacional entra automáticamente en incompatibilidad para ser intendente. Eso genera la aplicación de todo un mecanismo legal que la ley de municipios y comunas contempla expresamente. La ley dice que si esta situación se produce antes de los dos años de mandato, se tiene que llamar a elecciones. Si se produce después, asume el presidente del Concejo Deliberante y termina el mandato. Acá se produce a fines del mes de febrero, cuando asume como secretario de Transporte, por lo cual correspondía que se llamara a elecciones”, indicó Mayoraz en diálogo con El Ciudadano.

“Se da una situación que la ley orgánica llama subversión del orden municipal. La provincia debería nombrar un delegado en el departamento Ejecutivo, que es donde se produce la irregularidad”, agregó.

“El Concejo en una especie de connivencia con el intendente no llama a elección y le dan una licencia sin plazo, violando la ley. Debería darse una intervención del municipio y nombrar un delegado interventor que en un plazo de 30 días llame a elecciones”, expresó.

“Lo grave de esto, más allá de lo jurídico, es cómo queda tergiversada la voluntad popular”, concluyó Maroyaz.

Facultades delegadas

“El Concejo de Baigorria le dio al intendente lo mismo que pidió Mónica Fein en Rosario con el boleto de colectivo, le dio la facultad para que aumente cuando quierala Tasa Generalde Inmuebles (TGI)”, expresó el concejal baigorriense Guillermo Da Ponte.

“Pido la derogación de los artículos 3 y 8, para que saquen la cláusula gatillo que el intendente aumenta cuando quiere y donde se pone como parámetro de aumento de las tasas el índice de la construcción, el precio del gas oil y el escalafón de la categoría 15. Según los porcentajes de aumentos que hubo, dividen por tres y dan el aumento”, agregó.

“Las tasas han aumentado más de 100 por ciento en este año. Estoy pidiendo que se derogue ya que es inconstitucional”, concluyó.

El Ciudadano - El Urbano Digital