La concejala Gisela Da Ponte presentó un proyecto de ordenanza para regular el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales en Granadero Baigorria, una actividad que, según los fundamentos de la iniciativa, ya utilizan vecinos y vecinas de la ciudad y que no cuenta con una normativa municipal específica.
La propuesta busca establecer reglas para la prestación del servicio, con requisitos para conductores y vehículos, herramientas de seguridad para los pasajeros y mecanismos de control por parte del Municipio. El proyecto contempla la creación de un registro público en el que deberán inscribirse las plataformas, los choferes y los automóviles habilitados.
“Se trata de ordenar una forma de moverse que la gente ya eligió, darle reglas claras. Queremos que quien se sube a un auto sepa con quién viaja y que quienes trabajan con estas plataformas puedan trabajar tranquilos”, explicó Da Ponte.
Qué establece el proyecto
Entre los principales puntos, la iniciativa dispone que las aplicaciones deberán informar antes de cada viaje la identidad del conductor, la marca, el modelo, el color y la patente del vehículo, además del recorrido y el precio o el método utilizado para calcularlo.
También propone incorporar un código QR identificatorio en cada automóvil para que pasajeros e inspectores puedan verificar su habilitación. En materia de seguridad, contempla un botón de emergencia, la posibilidad de compartir el recorrido con una persona de confianza y un canal de comunicación con el conductor que proteja los datos personales.
Los choferes deberán contar con licencia y seguro vigentes, además de presentar un certificado de antecedentes cuando sea requerido. Los vehículos, por su parte, tendrán que tener la documentación y la revisión técnica al día, cuatro puertas y condiciones adecuadas de seguridad e higiene.
Diferencias con taxis y remises
El texto establece que los viajes deberán contratarse exclusivamente a través de las aplicaciones. Por lo tanto, los conductores no podrán levantar pasajeros directamente en la calle ni utilizar las paradas destinadas a taxis y remises.
La iniciativa aclara que el régimen de estos servicios tradicionales no se modificaría con la nueva regulación.
Al finalizar cada traslado, los usuarios recibirían un comprobante digital y contarían con un canal para presentar reclamos. A su vez, el Municipio podría realizar controles y aplicar sanciones proporcionales, desde apercibimientos hasta la baja del registro.
El proyecto prevé un período de 90 días para que quienes ya prestan servicios mediante plataformas digitales puedan adecuarse a las exigencias establecidas.