Ante las declaraciones realizadas por un concejal del bloque de La Libertad Avanza de Granadero Baigorria, Santiago Fontana, el asesor jurídico del Concejo Municipal, Sebastián Darrichón, salió a aclarar la situación de una denuncia presentada por las autoridades del cuerpo legislativo ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Darrichón sostuvo que no existe ninguna notificación a la parte denunciante sobre una supuesta desestimación de la presentación y afirmó que el Poder Judicial tampoco se habría expedido de manera definitiva sobre los hechos puestos en conocimiento del MPA.

En ese sentido, el asesor jurídico remarcó que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar ante las autoridades competentes aquellos hechos que, presuntamente, puedan constituir delitos y que lleguen a su conocimiento en el marco de sus funciones.

La aclaración surge luego de las declaraciones públicas realizadas por un edil de La Libertad Avanza, en las que se habría hecho referencia al estado de la denuncia presentada por las autoridades del Concejo Municipal.

Los hechos

La denuncia se originó en abril de este año, cuando autoridades y concejales de Granadero Baigorria acudieron al MPA para informar sobre un episodio que, según consta en la presentación, podría constituir un delito contra la Administración Pública.

La presidenta del Concejo, Gisela Da Ponte, junto a los concejales Adrián Milo y Antonella García, denunciaron a Diego Lezcano, quien había sido propuesto como secretario administrativo por La Libertad Avanza, por hechos que podrían configurar delitos perseguibles de oficio.

De acuerdo con la denuncia, Lezcano habría ingresado sin autorización a la computadora de la Mesa de Entradas del Concejo luego de la sesión en la que había sido removido de su cargo.

Según el relato incorporado a la presentación, al ser encontrado frente a la computadora, Lezcano manifestó que “estaba eliminando el sistema”.