Es habitual que surjan dudas sobre el alcance administrativo de cada órgano. Por ello, vale la pena aclarar que el Concejo Deliberante cuenta con autonomía funcional y, un aspecto clave, autonomía económica. No se trata de una dependencia administrativa del Ejecutivo, sino de un poder con facultades propias para gestionar su vida interna.

Gestión de recursos y funcionamiento

La normativa vigente asegura que el Concejo disponga de sus propios recursos para funcionar. Si bien los fondos provienen del presupuesto general, una vez asignados, su administración corre por cuenta exclusiva de las autoridades legislativas.

Esto implica que la manutención, el pago de servicios, la compra de insumos y las decisiones sobre la infraestructura del edificio legislativo son responsabilidades que recaen íntegramente en la administración del Concejo. Es allí donde se define cómo, cuándo y en qué se invierten los recursos asignados para garantizar su operatividad diaria.

Cada ámbito, su responsabilidad

Esta separación administrativa permite que el Concejo funcione sin depender de la voluntad del Ejecutivo para sus gastos cotidianos. De esta manera, se preserva la independencia política, asegurando que las decisiones sobre el estado y el funcionamiento del recinto sean tomadas por sus propios integrantes.

Entender esta distinción es clave para interpretar la gestión pública: cada poder administra su propio ámbito, garantizando así el equilibrio y la responsabilidad en el manejo de los bienes de todos.