Durante esa gestión, el Movimiento Evita ocupó lugares estratégicos en el Estado, principalmente en el entonces Ministerio de Desarrollo Social. Con referentes como Emilio Pérsico al mando de la Secretaría de Economía Social, la organización se convirtió en una pieza clave en la administración de la política social, gestionando de manera directa el programa más grande y millonario del país: el Potenciar Trabajo.

Este control le otorgó un poder territorial sin precedentes. Al funcionar como unidad de gestión, el Evita manejaba altas, bajas y certificaciones de miles de beneficiarios, lo que en la práctica se tradujo en el manejo de una caja con fondos interminables y una formidable capacidad de movilización. Este rol de intermediario entre el Estado y los sectores más vulnerables fue el pilar sobre el que construyeron su poder político, pero también la fuente del resentimiento de otros actores, incluidos gobernadores e intendentes del propio peronismo, que veían cómo el movimiento crecía al calor de recursos nacionales.

Ahora, el escenario cambió drásticamente. El malestar acumulado durante esos años se está materializando en lo que muchos describen como un "pase de factura". La exclusión de sus referentes de las listas provinciales no es una casualidad, sino una jugada deliberada para "cortarles el grifo" y desarticular la estructura que los hizo tan poderosos. "Parece que nos quieren borrar por lo que fuimos en el gobierno anterior", confió un militante del sector en Baigorria, reflejando el sentir general.

Para Antonella Garcia, esto representa un desafío mayúsculo. Su labor legislativa en Granadero Baigorria debe sostenerse sin el respaldo de una estructura provincial y nacional que ha sido herida de gravedad. La batalla de fondo por el control de los recursos y el poder en el peronismo ha llegado a las bases, dejando a dirigentes locales como ella ante un panorama de total incertidumbre y la difícil tarea de resistir políticamente.