La Justicia de San Lorenzo revocó un fallo dictado en marzo de 2019 a partir de una orden impartida por el ex fiscal regional Patricio Serjal, que había determinado el cierre de la causa por contaminación ambiental en la planta de Petroquímica Bermúdez.

Cuando la resolución del juez Carlos Gazza quede firme, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada podrán reanudar la investigación por daño ambiental y avanzar en la imputación contra los directivos de Petroquímica Bermúdez: los empresarios Sergio y Máximo Tasselli y Matías Gallegos.

De acuerdo a la información del Ministerio Público de la Acusación, el juez Gazza dispuso rechazar el planteo de las defensas en cuanto al pedido de prescripción de la causa penal, haciendo lugar a la acción autónoma de nulidad pretendida por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

El juez sanlorencino declaró nula la resolución dictada el 8 de marzo de 2019 por su colega Juan José Tutau -ya jubilado-, cuando dispuso declarar abstracta la cuestión penal y en consecuencia la extinción de acción en relación a Sergio Tasselli, a su hijo Máximo y a su yerno Matías Gallegos.

A través de su resolución, Gazza cuestionó la orden de Serjal de mandar a archivar la causa, cuando anteriormente el gobernador Miguel Lifschitz había emitido un decreto para que Fiscalía de Estado investigara la contaminación ambiental en Petroquímica Bermúdez.

A Serjal no solamente lo imputaron por recibir coimas en la causa por juego clandestino en la provincia de Santa Fe -por la que actualmente cumple prisión domiciliaria-, sino también por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de persecución en la causa por daño ambiental en Petroquímica Bermúdez. También fue imputado el ex fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini.

Gazza apuntó en su resolución que el fiscal Juan Ledesma omitió informar al juez Tutau los valores existentes de contaminación en Petroquímica Bermúdez, como también que el fiscal general Jorge Baclini tampoco había firmado la instrucción de Serjal ni el convenio de remediación propuesto por la empresa a la provincia de Santa Fe. Asimismo el magistrado cuestionó que nunca se investigó se hubo victimas entre los vecinos de la localidad.

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