La enmienda, que fue presentada por el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que con su discurso antipolítica fue el partido más votado en las elecciones de abril pasado, contó con el apoyo del Ejecutivo de coalición del Partido Democrático (PD) y el Pueblo de la Libertad (PDL) del ex premier Silvio Berlusconi.
El subsecretario de Justicia italiano, Cosimo Ferri, anunció la aprobación de la enmienda, informó la agencia de noticias EFE.
En Italia, la inmigración ilegal está tipificada como delito desde hace tres años y puede ser sancionada con multas de entre 5.000 y 10.000 euros, toda vez que la ley prevé un proceso ante el juez en el que las personas en situación irregular podrán ser expulsadas del país de forma inmediata.
Según Ferri, "la sanción penal se perfila desproporcionada e injustificada", al tiempo que destacó que "la sanción pecuniaria es, de hecho, imposible de llevar a cabo, considerando que los inmigrantes no cuentan con ningún bien".
Además, remarcó que "el Estado debe regular los flujos migratorios de forma compatible con las concretas posibilidades de acoger a los inmigrantes por razones de orden público y humanitarias" y que "es necesario garantizar una hospitalidad digna a aquellos que huyen de situaciones de extrema indigencia".
El debate en Italia sobre la legislación en materia migratoria se reabrió luego del naufragio ocurrido el jueves pasado de un pesquero con más de 500 migrantes africanos a bordo, frente a las costas de la isla de Lampedusa, al sur del país.
Al menos 302 personas murieron por la tragedia, aunque siguen las tareas de rescate de decenas de cadáveres atrapados entre los restos hundidos de la embarcación.
El delito de inmigración ilegal entró en vigor en Italia en 2009, tras su aprobación por parte del Ejecutivo conservador de Berlusconi, que en ese momento tenía como aliado de gobierno al partido xenófobo de la Liga Norte (LN), uno de cuyos miembros ocupaba la cartera de Interior.
Según esa ley, con la que se obliga además a los funcionaros públicos a denunciar a los indocumentados, quedando exentos médicos y directores de centros educativos, los inmigrantes que consiguieron sobrevivir el pasado jueves al naufragio podrían tener que enfrentarse a multas de varios miles de euros.
Al delito de inmigración ilegal se suma la llamada ley de 2002 "Bossi-Fini", que adquirió ese nombre por los ministros conservadores que la promovieron.
Esta norma prevé el delito de complicidad con la inmigración clandestina para quien lleve a Italia a inmigrantes sin permiso de entrada, aplicable, por tanto, a quienes asisten a barcos de indocumentados en apuros.
Mientras el PD del primer ministro Enrico Letta y el M5S expresaron su satisfacción por la decisión adoptada hoy por la comisión del Senado, desde la LN calificaron la medida de "vergüenza".
"Es un mensaje que, lanzado en este momento, puede desestabilizar la seguridad y los flujos migratorios hacia Italia. Lucharemos en el pleno del aula para reintroducir el delito", declaró el portavoz de la Liga en el Senado, Massimo Bitonci.
Además de Italia, muchos Estados miembro de la Unión Euopea (UE) aprobaron en los últimos años leyes restrictivas para frenar la entrada de inmigrantes sin papeles.
Más de la mitad de los Estados miembros contemplan la penalización de los propietarios que alquilen sus casas a extranjeros sin papeles, según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales (ADF), un organismo dependiente de la UE.
Estos países son Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Suecia, República Checa, Chipre, Estonia, Grecia, Lituania, Malta y Rumania.
Télam