Con diferencias, a veces importantes, entre un país y otro, las tasas de pobreza en Latinoamérica disminuyeron en comparación con la situación que se tenía en 2002, cuando la crisis golpeó fuertemente a los mercados llamados "emergentes". Luego, las condiciones favorables de la economía mundial –interrumpido abruptamente en 2008– permitió una mejora significativa.

En 2002, el 44% de los habitantes de América latina no pudieron satisfacer sus necesidades nutricionales básicas. En cambio, en 2008, ese porcentaje había caído al 33 por ciento. En cuanto a la indigencia, el nivel por debajo del cual no resulta posible recibir una alimentación mínimamente adecuada, cayó en ese período del 19 al 13%, según datos de la Cepal.

Esa tendencia, como queda dicho, se interrumpió cuando la crisis estalló en 2008, pero en 2010 se reanudó, si bien con mayor lentitud. De acuerdo con la Cepal, el fortalecimiento de las políticas tributarias, monetarias y de gasto público en la región, y sobre todo la fuerte demanda de alimentos por parte de mercados importadores, permitieron a Latinoamérica sobrellevar la crisis en mejores condiciones que otras economías más avanzadas.

En igual sentido, la desigualdad en los ingresos también disminuyó en la mayoría de los países latinoamericanos durante la primera década del siglo. Si se toma el coeficiente de Gini para medir la distribución de ingresos, hubo una mejora en 15 de las 18 economías regionales estudiadas por la Cepal (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). En once de esos países, la mejora superó los cinco puntos porcentuales. En cambio, la participación en el ingreso de los segmentos más ricos sólo aumentó en Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana. El índice de Gini, dicho sea al pasar, es un número entre 0 y 1, donde 0 representa la perfecta igualdad (todos tienen el mismo ingreso) y 1 la perfecta desigualdad (una persona concentra todo el ingreso).

No obstante, a nivel regional, la distribución del ingreso muestra rasgos de fractura social importante. El ingreso per cápita del sector más acaudalado es 17 veces mayor que el del 40% más pobre, lo cual, sin embargo, implica una ligera mejora respecto de 2002, cuando la diferencia era de 20 veces.

En definitiva, la mayor producción de riquezas en la región no se corresponde con una mejor distribución de ese producto, aunque una franja de hogares latinoamericanos haya podido salir de la pobreza en la última década. En verdad, la mayor o menor pobreza coincide con determinados ciclos económicos, más que con políticas de distribución del ingreso, que revelan problemas endémicos y petrificados de desigualdad.

En ese aspecto, algunos de los países de la región –especialmente Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y en menor medida Brasil– desarrollaron esfuerzos importantes por aplicar recursos a la ejecución de políticas sociales capaces de paliar, siquiera en parte, ese estado de cosas. En ese grupo, el gasto social subió del 12,2% del producto interno (PIB) en 1990/91 al 18% en 2007/8. En el gasto público global, los programas sociales crecieron allí del 45 al 65 por ciento.

Entre 2010 y 2011 los niveles de pobreza se redujeron significativamente en siete países latinoamericanos: Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, en ese orden. Se mantuvieron estables en Panamá y Chile, Costa Rica y República Dominicana. En cambio, aumentaron levemente en Venezuela.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2011, en Paraguay la pobreza se redujo en 5,2 puntos; Ecuador, 3,7; Perú, 3,5; Colombia, 3,1; Argentina, 2,9; Brasil, 2,0; y Uruguay, 1,9. En Chile, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana no se observaron variaciones notables en ese bienio, ya que los cambios en la tasa de pobreza fueron inferiores a un punto porcentual. Por su parte, la República Bolivariana de Venezuela registró un leve incremento en sus tasa de pobreza (1,7) y de indigencia (1,0).

No obstante, permanecen en general elevados los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso. En los 18 países de los que se tiene información relativamente reciente, en promedio, el 10 por ciento más rico de la población recibe el 32 por ciento de los ingresos totales, mientras el 40 por ciento más pobre recibe el 15 por ciento. Los niveles más elevados de concentración de riqueza y desigualdad social se observan en Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y la República Dominicana, donde los más ricos se quedan con el 40 por ciento del ingreso total y los más pobres deben conformarse con porcentuales que van del 11 al 15 por ciento.

En Bolivia, Costa Rica y Panamá las franjas de menores ingresos reciben porcentajes similares a los citados antes, pero es algo inferior el porcentaje apropiado por el decil superior. Por su parte, en la Argentina, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Perú se registran valores mayores en el extremo inferior de la distribución (entre el 16 y el 17 por ciento), y algo menores en el más rico (alrededor del 30 por ciento). En el Uruguay y en Venezuela se tienen los menores niveles de concentración: las proporciones son del orden del 20 al 23 por ciento en ambos extremos.

Entre las políticas sociales que la Cepal, por ejemplo, considera claves, figuran los llamados “programas de transferencias condicionales”. Por esos programas, las familias pobres reciben una cantidad de dinero a cambio de sostener un comportamiento socialmente productivo, como mandar sus niños a la escuela. Esas políticas incluyen también los subsidios a los desempleados, a la contratación de fuerza de trabajo y los programas de creación de empleos, por el cual franjas de desocupados desarrollan diversas tareas a cambio de un monto que, si bien mínimo, permite al menos eludir la indigencia o la pobreza extrema.

Por otra parte, la región logró pasar relativamente ilesa la primera fase de la crisis mundial. El comercio internacional se retrajo fuertemente entre finales de 2008 y comienzos de 2009, y el producto latinoamericano cayó entonces un 1,9%, la peor caída anual en 20 años. No obstante, al menos los gobiernos citados anteriormente lograron sostener iniciativas monetarias, tributarias y de gasto que mitigaron siquiera en parte los efectos socioeconómicos del tsunami financiero internacional.

Según un informe de la Cepal (2010), si se aplica el índice de Gini, los países latinoamericanos con menor desigualdad en la distribución del ingreso son, en este orden, Venezuela, Uruguay, Perú, El Salvador, Ecuador, Costa Rica y Argentina. En cambio, aquellos en los cuales las diferencias resultan mayores son, también en este orden, Guatelama, Honduras, Colombia, Brasil, República Dominicana y Bolivia.

Un factor importante que contribuyó a aliviar la pobreza y la desigualdad en el ingreso fue el relativo mejoramiento, en varios países latinoamericanos, en la calidad del empleo. La cantidad de empleos en el sector formal aumentó, aunque persiste el trabajo en negro o "tercerizado" que tiende a convertirse en un problema endémico. De todos modos, la mayor formalidad laboral y los salarios por hora beneficiaron más a los hogares de menores ingresos que a los más prósperos.
No obstante, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, observa en un informe que a pesar de esas mejoras el empleo en negro es aún predominante, en mayor o menor medida, en casi todos los países latinoamericanos. El trabajo informal, casi siempre menos productivo, convierte al trabajador en "invisible": no aporta a la seguridad social, recibe salarios notablemente inferiores y no logra acceder a la jubilación ni a un servicio médico adecuado.

Además, indica Bárcena, el trabajo informal y los menores ingresos de esa franja poblacional dificultan la escolarización de los niños, lo cual, a su vez, dificulta aún más la posibilidad de aproximarse a una mayor igualdad distributiva.

LIBERALIZACIÓN Y POBREZA. Según diversos especialistas, la liberalización de la actividad comercial genera cambios importantes en la composición de la producción y en el precio de los productos, con impactos significativos en los niveles de ingreso agregado y en su distribución, siempre en perjuicio de las capas más empobrecidas de la población.

En ese sentido, algunos estudios señalan el papel de las políticas sociales y los programas de emergencia para para poner algún límite a los costos sociales asociados con la reestructuración que se produce en la actividad económica. En algunos países de América latina –especialmente, como se dijo, Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador– ejecutan programas de transferencias sociales para mitigar las consecuencias de la crisis y las reestructuraciones económicas, aunque, señalan ahí, la situación de las clases de ingresos más bajos no depende tanto de los flujos de gasto social como en las políticas referidas al valor agregado del capital humano. El impacto directo de esos programas sobre el bienestar de los hogares suele tener corta duración.

Algunos países de América Latina dedican más del 50% de sus ingresos a proveer subsidios a pequeñas elites económicas, en detrimento del gasto en bienes sociales y otros bienes públicos que tienden a impulsar el crecimiento. Según la Cepal "recortar los subsidios no sociales para financiar acumulación de capital puede ser una forma efectiva de promover la equidad y reducir la pobreza".

El mismo organismo hace hincapié en la necesidad de mejorar "la efectividad del gasto social para incrementar el ingreso de los hogares, especialmente de los pobres". El gasto social, dicen ahí, debería orientarse a desarrollar stocks de capital social en beneficio de los segmentos más pobres. "Existe una sospecha –dice su informe– de que muchos programas sociales en América Latina (…) generan capital social que beneficia más a la clase media, e incluso a la alta, que a los pobres."

Tiempo Argentino