El colectivo Documenta Baigorria envió una carta formal a la Legislatura para que los diputados y senadores traten en la sesión de este jueves la expropiación deLa Calamita, el Centro Clandestino de Detención (CCD) más emblemáticos de la región durante la última dictadura cívico militar clerical que funcionó en Eva Perón al 1500.
Con la promesa desde el pasado 24 de marzo de este año, el gobernador Omar Perotti remitió el proyecto recién el 14 de septiembre respecto a la donación de los terrenos donde pretenden construir un espacio destinado a la memoria en el marco de un proyecto integral que sirva para los vecinos del barrio lindero a la casona que fue donada "de palabra" por la familia Benzadón.
Ese acto de donación quedó rubricado el pasado 27 de marzo, pero Documenta Baigorria resumió que desde 2006, toda donación de palabra merece el tratamiento de los legisladores provinciales, por eso los integrantes de esta organización civil, como organismos de derechos humanos de la región y la provincia, reclamaron la inmediata sanción, prometida por la gestión del gobernador Perotti.
Para tal fin, los activistas por la memoria y defensa de los derechos humanos mantuvieron reuniones con los legisladora del denominado "campo popular" tales como Matilde Bruera, Carlos del Frade y Leandro Busatto, entre otros para lograr que la Legislatura pueda tratar este jueves el proyecto de donación de los terrenos cedidos "de palabra" por la familia Benzadón, quienes fueron los dueños de la famosa tienda La Buena Vista, ubicada en el corazón del barrio Agote de Rosario.
"Pasaron todos estos años y este tiempo para que el gobernador firme el proyecto de ley donde acepta la donación. Y recién semana pasada ingresó al parlamento santafesino y este jueves podría tratarse, por eso hacemos fuerza para que se trate de una vez por todas después de tantos años de lucha", dijo María Celia Fernández, militante de Documenta Baigorria.
Como mencionaron en reiteradas oportunidades, el colectivo baigorriense como integrantes de organismos del Encuentro Provincial de Derechos Humanos y el mismo Espacio Juicio y Castigo pretenden armar un proyecto integral con la gente del barrio. "La idea es restaurar el casco de la casona, crear un sitio de memoria en el cual se pueda relatar la historia de lo que fue el Centro Clandestino de Detención y promover un polo eductivo, cultural y de salud para los vecinos linderos, ya que en aquellas épocas oscuras era prácticamente una zona rural y ahora está rodeado de villas miseria", planteó.
De las 11 hectáreas que ostenta el predio, la donación incluye a casi dos, mientras que el resto queda en manos de la familia propietaria de los terrenos. "Siempre propusimos que queden a resguardo ante la posibilidad que aparezcan cuerpos enterrados. Por eso necesitamos que haya un compromiso formal de denunciar lo que aparezca en esas poco más de nueve hectáreas restantes", puntualizó Fernández.
En ese sentido, recordó que la ley de expropiación fue ejecutada y no se concretó y lo mismo está ocurriendo con la donación, ya que si en el plazo de dos años no se concreta ese trámite, la familia puede volver a reclamar el predio y eso echaría por tierra años de militancia y reclamos de vecinos y organismos de derechos humanos para resguardar un monumento histórico para la mamoria de la región, puesto que ese fue uno de los lugares elegidos como centro clandestino de detención y tortura bajo la órbita del II Cuerpo del Ejército, con el ex agente del Batallón de Comunicaciones 601 y encargado del CCD "Quinta de Funes", Pascual Guerrieri a la cabeza.
La Capital - El Urbano Digital