Durante la campaña electoral 2019, el presidente Alberto Fernández, con muchísima claridad, habló de la necesidad de llevar adelante una profunda transformación de la justicia argentina. El Poder como digo siempre, menos democrático de los tres poderes del Estado, ya que tanto quienes integran el Poder Ejecutivo y quienes integramos el Legislativo de la Nación, somos sometidos al voto popular y no así el Poder Judicial, por eso la propia Constitución genera los controles que se requieren para que éste Poder haga cumplir las normas que se discuten y sancionan en el ámbito del Congreso Nacional, siendo los responsables de hacer efectivas esas normas.

La verdad es que el presidente, en su primera alocución cuando asumió sus funciones, planteó la necesidad de terminar con los sótanos de la democracia a partir de la alianza nefasta que ha existido en la República Argentina, entre el Poder concentrado, económico, mediático y un sector muy importante del Poder Judicial.

Cuando el Poder Ejecutivo envió la ley de reorganización de la justicia, la actitud de la oposición fue, aún desconociendo los términos del proyecto, de oponerse antes de que empezará a discutirse en este Senado de la Nación, negándose además a asistir a la presentación que de la misma realizó el presidente la Nación, en una actitud absolutamente antidemocrática.

Creo que la oposición está muy cómoda con esta justicia, con este Poder Judicial que no le da respuestas a los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, activando solamente las causas que les competen cuando se tratan de aquellas que pueden tocar sus privilegios, mientras observamos una Corte Suprema de Justicia que no se aviene a tratar temas centrales e importantes que nos atraviesan a todos y a todas.

No puedo dejar de señalar que un juez de casación, acusado de encerrar a una secretaria en un despacho de su juzgado, se haya referido a sus pares mujeres, tratándolas de delincuentes al saludarlas por el día de la Mujer. Hay que tener perspectiva de género, de diversidad y de disidencias en al ámbito de la justicia porque esos son los derechos del siglo XXI. Es una vergüenza que un juez de Casación haya hecho lo que hizo y que no exista ningún tipo de planteo del propio Poder Judicial, excepto sus pares mujeres, descalificadas por él.

La persecución judicial tiene varias patas que constituyen su andamiaje, perseguir a opositores, pero también disciplinar a la política utilizando al Poder Judicial para que nadie se atreva llevar adelante procesos y gobiernos populares.

Los gobiernos pueden ser populares por su origen, por el voto popular, pero los gobiernos son populares cuando ejecutan políticas populares, cuando hacen efectivos los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales. No son populares solamente por llegar a través del voto, se tienen que legitimar todos los días con las decisiones políticas que se toman y la verdad, es que el de Mauricio Macri, no fue de ninguna manera un gobierno popular, porque no tuvo una sola decisión política que lo haya convertido en popular.

Cuando el Poder Judicial interfiere obturando procesos electorales, y consecuentemente perjudicando a la economía a pocos días de una elección, el bolsillo que afecta es el de los trabajadores y trabajadoras, de los pequeños y medianos productores, comerciantes e industriales del país, en obvia referencia a la intervención judicial del Banco Central, días previos a la segunda vuelta electoral que concluyó con el triunfo de Mauricio Macri.