La Diputada Nacional del Partido Demócrata Progresista, Ana Copes, votó a favor de esta iniciativa. El proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado en la Cámara de Senadores, ya que el texto es nuevo con respecto al que había sido aprobado en la Cámara alta.

La votación reflejó un amplio consenso de todos los bloques políticos, ya que se sancionó con 227 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Copes explicó que la emergencia social no es una iniciativa nueva, y que justamente fue prorrogada más de 10 veces desde el 2002 "éstas fueron prórrogas durante la 'década ganada', este no es un tema nuevo".

A su vez, la Diputada dijo que "me preocupa centralmente que se comprenda que la igualdad se consigue con la construcción de ciudadanía" y prosiguió explicando que la ciudadanía "tiene que ver con un empleo digno, con un trabajo digno". De esta forma Copes dejó en claro que la emergencia social debe ser comprendida como una medida de coyuntura, y no de largo plazo como ejerció el kirchnerismo.

La Ley prevé, además de la prórroga de la emergencia social , promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles los elementales y constitucionales derechos sociales. De esta manera, para romper con el vicioso círculo de seguir asistiendo la pobreza para que haya más pobreza, se ha previsto la creación del “Consejo de la economía popular y el salario social complementario" (CEPSSC) y del “Registro nacional de la economía popular"(Renatrep).

El objetivo es que los actuales programas sociales nacionales se articulen con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario. Es decir, que progresivamente se implemente la transformación de los actuales programas sociales, prebendarios, discrecionales y con claro destino al clientelismo electo ral, en Salario Social Complementario.

Teniendo en cuenta las distintas prórrogas que tuvieron lugar durante los gobiernos kirchneristas, Copes afirmó que "no se puede achacar a este Gobierno, el origen de la situación en la que estamos", sino que "ésta es una situación que el Gobierno recibió". Como ejemplo de esa difícil situación, Copes dijo que el actual Gobierno recibió "un déficit histórico, del 7%

La Diputada demócrata progresista también se refirió a la situación del empleo durante el kirchnerismo. Si bien Copes dijo que no se iba a referir al empleo público "desde una mirada que tiene que ver con el menoscabo" analizó qué pasó con el sector público: "desde el año 2003 al 2015, pasó de un millón ochocientos mil a tres millones doscientos mil. Pensemos que por una cuestión de mayor prestación de servicios y de crecimiento vegetativo, se necesitaron unos 400 mil puestos nuevos"; sin embargo, quedan entonces cerca de "un millón de empleos que se crearon para encubrir la falta de empleo genuino".

Copes afirmó que ese millón de empleos públicos que utilizaba el kirchnerismo para encubrir la falta de empleo genuino le cuesta al país cerca de "350 mil millones de pesos anuales". La Diputada hizo una comparación a efectos de mostrar la dimensión del monto que ello significa. Así, por ejemplo, "si se vendiera toda la soja del país en un año, serían 220 mil millones. Y si se vendiesen todas las cabezas de ganado, unos 250 mil millones. Esto demuestra lo que le cuesta a la Argentinael encubrimiento irresponsable de la falta de crecimiento y trabajo genuino".

Para la Diputada demócrata progresista, el kirchnerismo encubrió esta situación "emitiendo moneda y generando inflación, el peor flagelo de la clase asalariada". Asimismo, Copes recordó algunas de las medidas del actual Gobierno para combatir esta situación desfavorable: "Ley de primer empleo, emprendedurismo, Ley de PyMes y micro PyMes, devolución del IVA, reparación histórica a jubilados, duplicación del mínimo no imponible... este Gobierno ha puesto en los bolsillos de los argentinos 120 mil millones, que los ha licuado la inflación".

El enorme esfuerzo tributario de $30.000 millones de este proyecto, tiene como contrapartida, la condición de servir a la creación de trabajo digno y genuino y de terminar con las prácticas discriminatorias y discrecionales, de las ayudas&nbsp ; sociales del Estado. Será responsabilidad del Gobierno que se cumplan los objetivos, para que el enorme gesto de solidaridad de quienes contribuyen con su esfuerzo al sostenimiento de los compatriotas más necesitados, se vea compensado con el logro de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria en oportunidades.