Un nuevo giro se produjo en el caso del espionaje ilegal a los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico. Según informó este último en una nota publicada en el diario que dirige, Ámbito Financiero, expertos informáticos vincularon los IP de las computadoras desde donde se efectuaron los hackeos con la compañía PRIMA SA, perteneciente al Grupo Clarín y a la que Mauricio Macri benefició en 2011, cuando era jefe de Gobierno, con la provisión de netbooks para las escuelas porteñas.

En cuanto a la eventual responsabilidad de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en esta intromisión, diputados de distintos bloques opositores presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo para que aclare si hubo efectivamente participación de algún organismo oficial en la maniobra. Desde el propio Gobierno, confirmaron que presentarán también una denuncia para que la Justicia investigue y que se ordenará una investigación interna en la AFI.

La diputada Cecilia Moreau, del Frente Renovador, presentó un proyecto de resolución solicitando que el Poder Ejecutivo informe "si ha tomado conocimiento de la información difundida a través de los medios sobre la interceptación de los correos electrónicos y comunicaciones de Sylvestre y Federico" y "si hay indicios que puedan hacer suponer la intervención por parte de los organismos nacionales de inteligencia en la realización de escuchas, intercepciones de correos, WhatsApp y seguimientos ilegales a periodistas, políticos, magistrados y empresarios". También firmaron la iniciativa Felipe Solá, Facundo Moyano, Victoria Donda y Ana Carolina Gaillard.

A su vez, la diputada nacional María Teresa García, del Frente para la Victoria, acompañada por el titular del bloque, Héctor Recalde, envió nota al titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, el senador Juan Carlos Marino, para que efectúe la apertura de investigación de oficio por la denuncia pública de espionaje ilegal contra los periodistas del Grupo Indalo.

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